Este pasado mes de noviembre hemos conocido que la Fiscalía está solicitando hasta 10 años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos relacionados con urbanismo para dos altos cargos, uno del Ayuntamiento de Madrid y otro de la Comunidad de Madrid, por un delito de prevaricación en el derribo ilegal de una vivienda en Cañada Real.
El caso se inició en julio del año 2022 cuando acompañamos a un vecino del Sector 6 de la Cañada Real, concretamente de la conocida como “Zona sin asfaltar” limítrofe con el barrio de Perales del Río, a denunciar que le habían derribado su vivienda en la que llevaba más de 15 años, sin notificación alguna, y aprovechando que estaba fuera de vacaciones.
El vecino tenía abierto un expediente urbanístico en el que había alegado que la vivienda debía ser legalizada por cumplir con los requisitos administrativos. Dicho expediente no era firme, y estaba aún en trámite de alegaciones cuando, de forma completamente interesada e ilegal, por parte del que era Comisionado para la Cañada Real de la Comunidad de Madrid se solicitó su derribo por encontrarse supuestamente en “flagrante abandono”.
Ante esta solicitud, por parte del Jefe de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid no se llevó ni la más mínima comprobación ni del expediente abierto previamente ni del presunto abandono, acordándose en menos de 24h el derribo de la vivienda que se ejecutó aprovechando que el vecino llevaba apenas unos días fuera de ésta.
Tras dos años de instrucción del caso, tanto desde el CAES que llevamos la acusación particular como por parte del Ministerio Público consideramos que hay clarísimos indicios de que ambos funcionarios se pusieron de acuerdo para derribar la vivienda esquivando el procedimiento legal establecido, en lo que supone un claro ejemplo de prevaricación administrativa. La Fiscalía recoge en su escrito que la comunicación que llevó a cabo el que era Comisionado para la Cañada Real era “completamente falaz” y le acusa de llevarla a cabo con la intención de evitar respetar el procedimiento administrativo abierto.
Por ello, ahora la Fiscalía solicita para ambos cargos la pena de diez años de inhabilitación especial, estando pendiente que se nos comunique la fecha de celebración del juicio ante la Audiencia Provincial de Madrid.
El periódico @eldiario.es se hizo eco de esta noticia, puedes ver el artículo completo aquí: https://www.eldiario.es/madrid/fiscalia-pide-10-anos-inhabilitacion-altos-cargos-almeida-ayuso-derribo-canada-real_1_11837271.html
CAES Cooperativa
Diciembre 2024.