La pasada semana desde el CAES hemos acompañado a AuditaSanidad y a la Coordinadora de pueblos y barrios en lucha por la Sanidad Pública a interponer denuncia ante el Tribunal de Cuentas por la gestión de la contratación que lleva a cabo la Consejería de Sanidad.
Este último año hemos estado colaborando con estos colectivos para conocer su enorme trabajo de investigación ciudadana, y su lucha contra la corrupción y el desmantelamiento del servicio público de Salud. Toda la investigación está disponible en su web: https://auditasanidad.org/
Los datos de esta investigación hablan por si solos, cerca de un 99’7 % de los contratos que lleva a cabo esta Consejería se hacen a través de la figura excepcional del contrato menor. Eso supone más de un millón y medio de contratos sin concurso público en estos últimos años. La Ley de Contratos del Sector Público dice que si se presentan varias facturas con un mismo objeto y proveedor, que juntas superan el límite de los 15.000€ puede haber fraccionamiento de contrato, una práctica ilegal dirigida a esquivar la concurrencia libre en la contratación. Hemos podido comprobar que esta práctica está generalizada por parte de la Consejería, lo que supone una inversión total de los principios informadores de la contratación pública de manera estructural.
Desde CAES, Audita y el resto de colectivos de la Coordinadora consideramos que se está dañando el principio de diligencia y control del erario público de forma intencionada, provocando el derroche, como otra pieza más en el desmantelamiento de la Sanidad Pública. Por ello ahora hemos dado este primer paso acudiendo al Tribunal de Cuentas para que fiscalice esta actuación, pero no será la única entidad a la que acudamos de cara a que se lleve a cabo un efectivo control sobre los fondos públicos.
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