Más de 4000 personas sin luz desde 2/10/20 (20 meses, 645 días. Sectores 6 y 5).
Más de 2000 personas más sin luz desde 18/3/20 (91 días. Sectores 4, 3 y 2).
Más de 6.000 personas (el 40% niños, niñas y adolescentes) sufren el corte de energía eléctrica premeditado y reiterado por parte de Naturgy y el gobierno de la C. de Madrid. El objetivo es expulsar a una población trabajadora autóctona e inmigrante que lleva 2 generaciones construyendo desde sus Asociaciones su hogar, su barrio y su ciudad.
Los especuladores han llegado a las puertas de este barrio de la periferia madrileña y utilizan a sus políticos para coaccionar al vecindario –ciudadanos y ciudadanas con derechos- y obligarles a irse haciéndoles la vida imposible.
Desde hace más de 40 años los vecinos y vecinas se han dirigido respetuosamente a las distintas administraciones pidiendo la integración legal, social y urbanística en materia educativa, sanitaria, comunitaria y la provisión de servicios como luz, agua, saneamientos, viales, transporte público y correos.
Sin embargo, los sucesivos gobiernos han hecho oídos sordos a estas peticiones porque están condicionados por enormes poderes económicos especulativos. La movilización social les ha obligado a promulgar leyes como la Ley 2/2011 de desafectación de Cañada Real y el Pacto Regional firmado por el Gobierno de España, la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos implicados introduciendo promesas y garantías de participación ciudadana
que han sido incumplidas. La arbitrariedad preside la estructura consultiva del Pacto Regional.
La desaparición de las advertencias acerca de los daños en la salud de la población circundante al Parque Tecnológico de Valdemingómez situado en el Sector 6 y la existencia de numerosas irregularidades en las instalaciones y en el cumplimiento de las leyes ambientales, nos interrogan sobre la eficacia de este decorado participativo.
La vulneración de tantos derechos humanos durante tanto tiempo se sustenta en la arbitrariedad de los poderes públicos y su, hasta ahora, impunidad. Pero también la inexistencia de una oposición democrática militante en términos de Derechos Humanos.
No obstante, el Defensor del Pueblo –Alto Comisionado del Parlamento Español en materia de Derechos Fundamentales- ha hablado reiteradamente, alto y claro, de la exigencia de devolver la luz a la población de Cañada Real. El Cardenal Osoro, presidente de la Conferencia Episcopal de Madrid, ha aclarado que hablar de los necesarios realojos de miles de personas (en un proceso de varios años), no se debe utilizar para ocultar la urgencia de luz ya para Cañada Real. La gran mayoría de organizaciones comprometidas con los Derechos Humanos y de Altos Comisionados Internacionales se han comprometido con la movilización ciudana en apoyo de los vecinos organizados para defender sus derechos vulnerados.