¿QUIENES SON LOS AMIGOS – Y QUIENES LOS ENEMIGOS – DEL PUEBLO?
El pueblo, como sujeto de la Soberanía Nacional, está integrado en cada momento por el conjunto de personas, colectivos y clases sociales que se autodeterminan de los poderes que les dominan y les explotan. El pueblo se acredita, como sustancia del poder constituyente y de la democracia, mediante su presencia política activa. El poder constituido democrático no anula, sino que estimula y canaliza el poder constituyente.
El derecho de Sufragio Universal y la existencia de Parlamento son elementos necesarios, – aunque no suficientes – para calificar un régimen como democrático. La verdadera esencia de la democracia es el poder constituyente producto de la participación social en la vida política. Sin el poder constituyente, como ejercicio efectivo de la Soberanía Popular, la democracia deja de ser poder del pueblo y degenera en una estructura de burocracia y procedimientos para la reproducción del poder constituido
Los inmigrantes no son ajenos al pueblo ni nuestros enemigos, sino personas que, al igual que millones de españoles, se han visto obligados a abandonar su hogar por razones económicas, políticas y/o ambientales.
Entre 1950 y 1980, l@s ciudadan@s catalan@s, vasc@s o madrileñ@s, recibimos sin recelo a los 4 millones de compatriotas que, desde la España rural, llegaron a nuestro territorio. También, en la década de 1960, un millón de trabajador@s español@s emigraron a Europa buscando trabajo y sustento. A partir de 1995, cuando la población inmigrante en España ascendía a 500.000 personas – la mitad de ellas procedentes de la Unión Europea – se han establecido en nuestro país 7 millones de inmigrantes extranjeros que han contribuido con su trabajo y sus impuestos a la riqueza nacional, el cuidado de nuestros menores y ancian@s y la financiación de las pensiones y la sanidad pública.
El pueblo español no tiene ninguna necesidad de protegerse de los inmigrantes o de cualquiera de los pueblos de España que expresen su voluntad de separarse del actual Estado Español. Por el contrario, l@s trabajador@s (autócton@s o inmigrantes) y los pueblos de España tenemos buenas razones para prevenirnos de una monarquía neoliberal heredera del franquismo que gobierna para los mercados y utiliza arbitrariamente la Constitución Española a favor de las grandes corporaciones capitalistas y a costa de los derechos de la mayoría y del ejercicio de la Soberanía Popular.
A partir de 2018, el estallido de la burbuja inmobiliaria (consentida y estimulada por los sucesivos gobiernos PP-PSOE), propició una crisis financiera que se propagó con rapidez al resto de la economía destruyendo – en cuatro años – tres millones de puestos de trabajo y el 10% del Producto Interior Bruto. Al perder el empleo, miles de familias se vieron imposibilitadas de satisfacer los vencimientos de su hipoteca y 400.000 de ellas, fueron desalojadas de sus viviendas por los Bancos.
Este descomunal atentado contra el Derecho Fundamental a la Vivienda protegido por la Constitución Española y la Declaración de Derechos Humanos, se perpetró mediante cláusulas bancarias abusivas y leyes hipotecarias calificadas como ilegales por la Justicia Europea y el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU. Todo ello, con la colaboración necesaria de jueces, notari@s y poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Jefatura del Estado.
La impunidad de estos delitos ha estado garantizada por la trama de complicidades y las puertas giratorias entre el bipartidismo PP-PSOE y las grandes corporaciones financieras y multinacionales.
Gran parte del Sistema Institucional de la monarquía actúa al margen –y en contra- de la Constitución Española al no garantizar la igualdad, la seguridad, la justicia, el imperio de la ley, el pluralismo político y la separación de poderes. Los sucesivos gobiernos no han gobernado obedeciendo el mandato constitucional de superar los obstáculos que se oponen a la realización efectiva de Derechos y Libertades Fundamentales. Pero sí lo han hecho para asegurar la libertad de movimiento, establecimiento, inversión y obtención de beneficios de las grandes corporaciones privadas.
Los Derechos Humanos aparecen como una consecuencia de la globalización de la Economía de Mercado. Pero ésta ha fracasado como modelo de modernización integrador y sostenible. Ahora, el capitalismo sin autoridad que le ponga verdaderos límites, huye de las crisis multilaterales que él mismo produce gracias a la colaboración irracional de la mayoría de sus víctimas (asalariados sin empleo y consumidores insolventes) seducidas por el individualismo y el consumismo. En Europa, estamos nuevamente en la transición de la dictadura parlamentaria a la dictadura terrorista del capital basada en el totalitarismo y la guerra.
Las instituciones democráticas, colonizadas por los mercaderes y los consumidores compulsivos, dejan de velar por el respeto a la naturaleza, los DDHH y la economía del bien común, transformándose en aparatos para la gobernanza (sometimiento de la política a la economía) y el control de la conflictividad social y ecológica a través de las mentiras y – si es necesario – la violencia del Estado.
El equilibrio de esta mecánica destructiva y autodestructiva depende de la ocultación del mecanismo que la constituye, a saber: 1) la irracionalidad de sus propuestas; 2) la guerra civil molecular competitiva de todos contra todos; 3) la arbitrariedad impune de los poderes públicos atravesados por constantes escándalos de corrupción y 4) la neutralización de las dinámicas sociales comprometidas con la construcción de sujetos sociales cooperativos, defensores de la paz, la democracia y el bien común capaces de adquirir madurez y visibilidad política.
El movimiento popular del pueblo catalán por su derecho a decidir sus relaciones con el Estado Español constituye – por su carácter masivo interclasista, democrático, pacífico, popular e institucional – uno de los mayores desafíos para un régimen monárquico agotado por la corrupción y un conjunto de crisis que evolucionan hacia un pasado golpista, machista, y totalitario que incluye pensiones privadas, negación del cambio climático, pérdida de biodiversidad, amenazas a la Salud, Seguridad y Soberanía Alimentarias y negación de la desigualdad y la violencia de los hombres sobre las mujeres.
El carácter pacífico y dialogante del movimiento de autodeterminación en Cataluña está demostrado. Sus expresiones más duras se explican por los engaños, el despotismo y la represión, como única respuesta del Estado Español a su demanda de reformas para ejercer su derecho a decidir como Nación. La desobediencia civil es una estrategia legítima – aunque ilegal – que sólo puede superarse mediante el diálogo y la negociación política.
Los daños causados por la violencia marginal que acompaña este gran movimiento ciudadano, tienen como causa: 1) la negativa a dialogar y la represión por parte del Estado; 2) su carácter popular y sus múltiples formas de protesta y de expresión; 3) la violencia económica, social y cultural a la que están sometidos, sobre todo los jóvenes, explica que la precariedad y la frustración se expresen violentamente en cualquier movimiento masivo y pacífico, gracias al despliegue policial desmesurado, la violencia gratuita para impedir poner urnas y el encarcelamiento de líderes institucionales y sociales. En este sentido, cabe tener en cuenta un principio del Derecho: “La causa de la causa es causante del daño causado”. Los daños de la violencia deben apuntarse, no sólo a los sujetos que los producen sino también – y sobre todo – al conjunto de condiciones que los hacen posibles y, – aunque no los justifiquen – los explican para comprenderlos en su verdadera dimensión y establecer con justicia las responsabilidades que procedan.
España no está rota por culpa de los catalanes sino por el aumento de la desigualdad, el machismo recalcitrante y la competitividad. La conversión de la izquierda virtual socialdemócrata en una segunda marca electoral de la derecha real abiertamente capitalista, es isomorfa al avance del populismo de extrema derecha. VOX no crece por el problema catalán sino por el problema español de la monarquía neofranquista, españolista y neoliberal que naturaliza la precariedad de masas, los cientos de miles de desahucios crueles e ilegales, la competitividad, la corrupción estructural de algunos partidos políticos, el trabajo basura, el avance de la irracionalidad, la violencia sobre las mujeres, el individualismo, la soledad y el desamparo.
Agustín Morán
8 de Noviembre de 2019