Cuando 8 millones de personas han pagado indebidamente más de 3000 € por gastos de constitución de una hipoteca y la solución del gobierno no contempla la devolución de dicha cantidad por los bancos sino la posibilidad -a partir del 1/1/2019- de repercutirla en el tipo de interés de forma que l@s ciudadan@s soporten más de 7000 € repartidos en 20 años, ¿podemos hablar de protección del consumidor/a y de Igualdad de prestatarios y prestamistas ante la ley?
Cuando el Estado Español incumple sistemáticamente los Dictámenes del Alto Comisionado de DDHH de la ONU y sucesivas sentencias del Tribunal de Justicia Europeo en lo relativo a garantizar el Derecho a la Vivienda, ¿dónde queda el europeísmo y la garantía del Estado de los Derechos Fundamentales?
Cuando en los pleitos judiciales lo importante no es tener razón sino dinero, buenos abogados e influencias políticas, ¿dónde ha ido a parar la Justicia?
Cuando el bipartidismo dominante negocia los altos cargos del Poder Judicial que anula las sentencias judiciales inapropiadas para los bancos y asume impávido un escándalo de enormes proporciones, ¿podemos hablar de independencia de los jueces?
Cuando más del 50% de l@s ciudadan@s se muestran insatisfechos con el régimen político, consideran que el derecho a decidir del pueblo catalán se usa para tapar la falta de soluciones del Gobierno a los problemas políticos y económicos y califican a la actual clase política como una amenaza, ¿ qué nos queda de la Soberanía Popular invocada en la Constitución?
Cuando la derecha y la izquierda mayoritarias (autodenominadas constitucionalistas) renuncian a promover la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, así como a remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, no gobiernan para el pueblo sino para el mercado. Instaladas en una impotencia nutrida de tráfico de influencias, uso privado de las instituciones, prevaricación, cohecho y colusión de mafias policiales, judiciales, económicas e institucionales (incluyendo altas instituciones del estado), socavan los fundamentos del orden político y la paz social.
La Globalización Económica contribuye a disolver las bases de la Soberanía Nacional a favor de las instituciones del capitalismo internacional con el resultado de precariedad de masas, destrucción de la naturaleza, cambio climático, inseguridad alimentaria, una creciente conflictividad bélica y migraciones masivas.
Ante la falta de alternativas fiables, una ciudadanía individualizada, consumista y desconfiada fomenta el ascenso electoral de una derecha populista, ultraconservadora, machista y xenófoba que proclama la barbarie política y la guerra.
La Alternativa Democrática requiere un Poder Constituyente por la Igualdad, la Justicia, la Soberanía Popular, la Paz, el Ecofeminismo, la Economía del Bien Común, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Derecho a Decidir y la modificación en profundidad de la Constitución de 1978. Todos ellos valores de una verdadera izquierda.
Agustín Morán, CAES Nov 2018