Según se ha publicado en diversos medios de comunicación, el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa ha resuelto a favor de la reclamación colectiva interpuesta en 2022 por el corte de luz mantenido desde octubre de 2020 en varias zonas de Cañada Real.
La privación de suministro eléctrico en los sectores 5 y 6 de Cañada Real, afectan a 4.500 residentes aproximadamente, incluidos alrededor de 1.800 niños, y mantiene de forma constante para todo el sector 6 desde entonces.
A raíz de las movilizaciones vecinales y de la ola de solidaridad en toda la sociedad despertada por la causa de Cañada Real, diversas entidades sociales y vecinales constituimos en septiembre de 2021 la Plataforma Cívica Luz Ya en Cañada Real ( www.plataformaluz.org ).
Desde esta Plataforma denunciamos que el corte de luz forma parte de una estrategia general de acoso para el desalojo forzoso de la población de Cañada Real. También planteamos iniciativas sociales, jurídicas, políticas y comunicativas para exigir la vuelta del suministro de forma regular, la celebración de contratos y la participación vecinal en todo el proceso, así como luchar contra vertidos y derribos ilegales. Los lemas de la Plataforma han sido desde el inicio “Luz Ya, Contratos y Mesa de Seguimiento”, a los que se han añadido “Stop derribos y vertidos ilegales”.
En el seno de esta Plataforma, su grupo de trabajo jurídico planteó a finales de 2021 la iniciativa de llevar esta vulneración de Derechos Humanos a través de una reclamación colectiva en aplicación de la Carta Social Europea Revisada, que entró en vigor en España en junio de 2021 (BOE núm. 139, de 11 de junio de 2021). En la acción jurídica planteada, desde CAES hemos participado activamente junto a asociaciones de litigio estratégico como Gentium, y juristas de reconocido prestigio como María López de la Usada, Ignacio Campoy, Beatriz Duro, Rosa García Carreres, entre otros.
Fruto de ese trabajo, las organizaciones Defence Children International (DCI), la Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con las personas sin hogar (FEANTSA), Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL), Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo presentaron una demanda colectiva contra España, registrada con nº 206/2022 el 2 de marzo de 2022, denunciando las graves consecuencias de los cortes de electricidad y, por tanto, la violación de derechos reconocidos en la Carta Social Europea Revisada.
El 19 de octubre de 2022, el Comité admitió la demanda de las organizaciones, señaló los riesgos para la vida y la integridad física y moral que los cortes de electricidad suponían para las vecinas y vecinos, y exigió al Estado medidas inmediatas para el restablecimiento de la luz y la calefacción, con objeto de evitar “daños graves e irreparables”.
El Gobierno de España no adoptó ninguna medida y se ha opuesto a la denuncia de las demandantes a lo largo del procedimiento, remitiéndose a los argumentos de la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid y Rivas-Vaciamadrid. Alegan que no hay vulneración de derechos, porque han adoptado medidas como distribución de leña, bombonas de butano y tarjetas de gasolina para generadores, y porque las familias han ido supliendo la falta de suministro con otras alternativas. Asimismo, argumentan limitaciones técnicas que hacen inviable el restablecimiento del suministro, y que se está trabajando en el realojo de las familias.
El Defensor del Pueblo de España ha tenido un papel activo en el procedimiento, como tercero, poniendo de manifiesto la inacción de las administraciones y la gravedad del daño causado por los cortes de luz.
A lo largo de este tiempo, además, ha instado a las autoridades (Comisionado de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real, Consejerías competentes, Ayuntamientos de Madrid y Rivas-Vaciamadrid, y Delegación del Gobierno) a restablecer el suministro eléctrico con carácter urgente en los sectores 5 y 6, y a facilitar contratos de suministro regularizados y accesibles para los residentes. También ha destacado la necesidad de crear un marco de coordinación interinstitucional para una intervención integral, acorde al Pacto Regional por la Cañada Real y a la Ley 2/2011, que incluye la participación de asociaciones vecinales en la toma de decisiones sobre los servicios básicos del barrio. Respecto a las plantaciones ilegales que han sido la excusa argumentada por las autoridades para justificar los cortes, el Defensor del Pueblo ha rechazado que esta actividad justifique no adoptar otras medidas para asegurar el suministro “legal, seguro y accesible”. Como afirmó, “en modo alguno esta actividad es el modus vivendi” de los vecinos, “que en su gran mayoría son los que primero y más gravemente padecen sus consecuencias en términos de inseguridad”.
Además, a lo largo del proceso europeo, hemos colaborado en la elaboración de pruebas documentales que sirvieran de base fáctica y apoyo a las pretensiones de la reclamación colectiva, tales como encuestas ciudadanas, certificados y declaraciones de testigos, procesado de datos estadísticos, recopilación histórica de los antecedentes en el barrio en materia de suministros como agua y luz.
Así mismo, el centro Sir(a) de Derechos Humanos elaboró un informe pericial de daños colectivo que fue aportado a la causa como prueba cualificada ante la gravedad de los hechos. Su informe puede consultarse en el siguiente enlace:
La Cañada Responde: Impactos psicosociales derivados del corte de suministro eléctrico
El 25 de septiembre de 2024 el Comité anunció la adopción de una decisión sobre el fondo del asunto. Según las noticias publicadas, el CEDS da la razón a las demandantes, y considera que el Estado no ha cumplido con sus obligaciones de proteger y mejorar las condiciones de vida en el barrio de Cañada Real, en particular de los grupos más vulnerables.
Se espera que a finales de febrero de 2025, si antes el Comité de Ministros del Consejo de Europa no adopta una postura sobre la resolución, el CEDS hará pública su decisión publicando el texto completo.
Desde CAES, junto con el resto de organizaciones de la Plataforma Cívica, exigimos el restablecimiento inmediato del suministro y la progresiva regularización del suministro con contratos para cada vivienda, dando participación en todo momento a los afectados a través de sus asociaciones.
Enlaces de las noticias publicadas hasta ahora:
Madrid, 10 de diciembre de 2024, día Internacional de los Derechos Humanos
Luz, Contratos, Mesa de Seguimiento, Stop Derribos y Vertidos Ilegales.
Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES).