Este pasado 4 de octubre asistimos a la toma de declaración en calidad de investigado del Jefe de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid. El alto cargo del ejecutivo de la capital había sido llamado a declarar ante la jueza de instrucción por el derribo de una vivienda en Cañada Real. Este derribo se realizó sin respetar mínimamente el procedimiento administrativo establecido para ello, lo cual podría suponer para los funcionarios que lo instaron la comisión de un delito de prevaricación.
La vivienda, con más de 20 años de antigüedad y en la que la familia ocupante llevaba residiendo y empadronada desde 2004 fue derruida completamente en julio de 2022. A la familia afectada le habían abierto un procedimiento de cese de uso por parte del Ayuntamiento unos meses antes, pero habían presentado alegaciones y recurrido la resolución administrativa que les daba plazo para abandonar de forma voluntaria la vivienda. Pese a todo ello, sin que existiera notificación previa de ningún tipo, una mañana en la que no se encontraban en el domicilio una máquina excavadora derribó su vivienda con todos sus enseres dentro, incluidos electrodomésticos, objetos personales y hasta un vehículo.
Según relató el funcionario ante la magistrada este hecho se debió a que por parte de quien era Comisionado de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real, el Sr. Markel Gorbea, se había emitido un informe informando que la vivienda estaba vacía y abandonada, por lo que a solicitud de este organismo Disciplina Urbanística había dictado paralelamente al procedimiento administrativo abierto una orden de derribo que permitió a la Comunidad de Madrid ejecutar éste sin ningún tipo de control previo.
Entre las muchas contradicciones del relato llama poderosamente la atención que pese a existir numerosos espacios de coordinación entre las diferentes administraciones que trabajan en Cañada Real, el jefe de Disciplina Urbanística no llevó a cabo ni la más mínima comprobación de la situación del inmueble y a solicitud del Comisionado autorizó automáticamente el derribo. Habría bastado un mínimo gesto para comprobar que quien habitaba la vivienda que se referenciaba como abandonada había presentado apenas 20 días antes ante este mismo organismo un recurso oponiéndose al cese de uso e informando que seguía residiendo allí, como había hecho los últimos 20 años.
El funcionario municipal señaló sin duda a quien era Comisionado para la Cañada Real como responsable de estos hechos por informar falsamente del abandono de la vivienda y posteriormente ejecutar el derribo, pero no parece claro que el Ayuntamiento no tenga también su responsabilidad en tanto que conocía -o podía conocer perfectamente- que la vivienda estaba habitada y tenía un procedimiento de cese de uso abierto y no firme antes de autorizar su derribo.
La investigación continuará en los próximos meses y esperamos que se cite al Sr. Markel Gorbea como investigado de cara a aclarar su comportamiento en este nuevo caso de acoso y persecución a los habitantes históricos de Cañada Real.