La Plataforma Cívica Luz para la Cañada Real, de la que formamos parte el CAES, nos felicitamos por la
adopción de medidas cautelares y la admisión de la reclamación colectiva presentada el pasado mes de marzo, la primera de este tipo contra España.
El Comité Europeo de Derechos Sociales, organismo dependiente del Consejo de Europa, ha pedido a España que adopte medidas inmediatas que garanticen el acceso adecuado a la electricidad en la Cañada Real de Madrid, aceptando la solicitud formulada desde la Plataforma Cívica.
Nuestro compañero Javier Rubio, portavoz de Plataforma Cívica Luz Ya para la Cañada Real, ha señalado que «las asociaciones vecinales de Cañada Real y las organizaciones que las apoyamos en la Plataforma Cívica Luz Ya recibimos con orgullo una decisión que consolida jurídicamente y a nivel europeo nuestras peticiones y, conscientes de los muchos obstáculos que existen por la presión urbanística que sufre la zona, nos anima a redoblar la cooperación y movilización de toda la sociedad para conseguir un restablecimiento urgente del suministro. Ahora más que nunca pedimos luz ya, contratos y mesa de seguimiento. Pedimos justicia para Cañada Real”.
Esta es la primera reclamación colectiva contra España, y las entidades y vecinos de La Cañada Real la presentaron el pasado 2 de marzo para denunciar el incumplimiento de las obligaciones adquiridas por España ante el Consejo de Europa, recogidas en la Carta Social Europea, al no asegurar la calefacción y el suministro eléctrico de unas 4.500 personas que viven en los sectores 5 y 6 de Cañada Real, de las cuales al menos 1.800 son menores. El suministro eléctrico se interrumpió en octubre de 2020 y se prolonga hasta hoy. Además, solicitábamos la adopción de medidas cautelares urgentes.
Aquí una noticia de eldiario.es haciéndose eco de la resolución del Consejo de Europa: https://www.eldiario.es/madrid/consejo-europa-pide-espana-tome-medidas-inmediatas-resolver-problemas-luz-canada-real_1_9659510.html
En una decisión sin precedentes, adoptada por unanimidad el pasado 19 de octubre, el Comité exige al Estado que adopte “todas las medidas posibles” con el fin de evitar “daños graves e irreparables a la integridad de las personas” que viven en la Cañada Real y “no tienen acceso adecuado a la electricidad, exponiéndose a riesgos para la vida y la integridad física y moral”.
España deberá informar de las medidas adoptadas antes del 15 de diciembre. El Comité subraya que la falta de energía eléctrica prolongada y recurrente ha tenido un “efecto negativo muy grave en las condiciones de vida de la población afectada, especialmente en lo que respecta a la vivienda, la calefacción y la salud”. Considera que los vecinos de la Cañada privados total o parcialmente de electricidad corren el riesgo de sufrir un daño grave e irreparable, especialmente ante la próxima llegada del invierno.
El Comité también ha admitido a trámite la reclamación colectiva, la primera de este tipo registrada contra España, que tiene hasta el 15 de diciembre para presentar alegaciones.
La falta de suministro eléctrico tiene un grave impacto en la vida de las personas afectadas, que no pueden conservar alimentos frescos o ducharse con agua caliente. Provoca afecciones médicas y el empeoramiento de problemas de salud preexistentes. También dificulta el uso de dispositivos médicos esenciales o el mantenimiento seguro de medicamentos.
Como consecuencia del corte continuo de energía eléctrica y de la falta de actuaciones para restablecerlo, el Estado vulnera, entre otros, el derecho a una vivienda adecuada; el derecho de los niños a la asistencia, a la protección contra la negligencia y la violencia, y a la educación; el derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social; el derecho a la igualdad de trato entre hombres y mujeres, el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud o el derecho a la integración social y a la participación en la vida de la comunidad, todos ellos recogidos por la Carta Social Europea.
Ante estos hechos, el Estado no ha adoptado hasta ahora ninguna medida para restablecer el suministro o facilitar una alternativa a las personas afectadas.