Desde el pasado 14 de marzo de 2020, fecha en la que se decretó el estado de alarma en nuestro país, se han ido estableciendo paulatinamente, por parte del Gobierno y las CCAA, medidas para afrontar la situación de crisis sanitaria frente al COVID19.
Estas medidas se han plasmado, hasta ahora, en más de ocho Reales Decretos. No obstante, en ninguno de ellos, y después de más de 40 días, hemos tenido un pronunciamiento expreso respecto a los/as niños/as y adolescentes en aras de establecer medidas específicas para su situación, a pesar de considerarlos colectivo en especial vulnerabilidad.
Conviene recordar que el pasado 9 de abril el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas publicó una declaración en la que ya advierte “el grave efecto físico, emocional y psicológico de la pandemia Covid-19 en los niños y niñas de los Estados que han establecido la obligación de confinamiento, e hizo un llamamiento a los mismos para proteger los derechos de los niños y niñas” que establece la Convención sobre los Derechos del Niño(CDN), adoptada por la Organización de Naciones Unidas en 1989. i
El Comité propone una serie de recomendaciones para los Estados miembros en el marco de la emergencia sanitaria y cuarentena obligatoria. Advierte, entre otras, que se deben crear “soluciones alternativas y creativas para que los niños disfruten de sus derechos de descanso, ocio, recreación y actividades culturales y artísticas”, que deben “incluir actividades supervisadas al aire libre al menos una vez al día”, respetando los protocolos “de distancia física y otras normas de higiene”, e incluir también “actividades culturales y artísticas para niños en la televisión, la radio y en línea”.
A mayor abundancia, plantea, que se debe “garantizar que los niños reciban alimentos nutritivos durante el período de emergencia, desastre o encierro, ya que muchos niños reciben su única comida nutritiva a través de esquemas de alimentación escolar”, y que se debe “mantener la provisión de servicios básicos para niños, incluyendo atención médica, agua, saneamiento y registro de nacimientos”.
El Gobierno anunció públicamente el jueves pasado, tras el Consejo de Ministros, que las medidas se limitarían a permitir que, a partir del próximo domingo 26 de abril, los menores de catorce años puedan salir a la calle para acompañar a un adulto con el que convivan en las actividades que ya permite el decreto del estado de alarma, como ir al supermercado, a la farmacia o al banco, pero no para jugar o salir de paseo, descartando la posibilidad de que tengan algo de ocio en la calle, en aras de prevenir un hipotético retroceso en la lucha contra el Covid19.
Parece que la justificación de no cumplir las recomendaciones del comité de los Derechos del Niño de NNUU excusándose en que podría producirse un retroceso en la lucha contra el coronavirus, es contradictoria con el hecho de que los niños y niñas puedan salir a espacios, como los supermercados, en los que hay más posibilidad de contagio que en los parques aire libre o en los patios de la comunidad de vecinos. Limitando así además el imaginario de los más pequeños a entender que, en estos momentos, la alternativa a quedarse en casa y acceder a una alimentación saludable sea respirar el aire de un supermercado o adquirir alimentación industrial y procesada.ii
En cuanto a estas medidas relativas a las salidas de casa de los niños/as se ha rectificado por parte del Gobierno y ahora guardan más consonancia con las declaraciones del Comité de NNUU. Parece que la nueva normativa permitirá que a partir del domingo día 26 de abril los niños/as menores de 14 años pueden salir a pasear una hora al día entre las 9 y las 21 horas a no más de un kilometro de su domicilio (ya sean bosques, playas o montes), acompañados de un adulto y se permiten llevar juguetes. Se establecen como limitaciones para pasear las zonas deportivas y mantener el confinamiento de los niños/as que hayan tenido síntomas de enfermedad o hayan sido diagnosticados de COVID19 o bien hayan tenido contacto con alguien con síntomas o que haya sido diagnosticado, si no se ha producido cuarentena de 14 días.
Sin embargo, para ejercer el derecho a una alimentación saludable como medida para afrontar una crisis sanitaria no habría justificación a las medidas adoptadas por algunas autoridades como la Comunidad de Madrid que atenta directamente contra este derecho directamente relacionado con el derecho a la salud de la infancia. La Comunidad de Madrid llegó a un acuerdo con las empresas Telepizza y Rodilla para suministrar menús a los más de 11.500 alumnos que tienen precio reducido en los comedores escolares por pertenecer a familias perceptoras del Renta Mínima de Inserción (RMI). Acceso a menús de comida procesada contraviniendo los propios criterios de nutrición saludable establecidos por la propia Comunidad.iii
Es decir, los niños/as que se han acogido a esta medida llevan ya más de 40 días comiendo hamburguesas, patatas fritas, “pops” de pollo, ensalada mediterránea, pizza, pasta, croquetas, bocadillos de jamón y queso, refrescos y postres como comida principal.
Una alimentación saludable donde se eviten comida procesada y azúcares condiciona los futuros hábitos alimenticios de los niños y niñas.iv
El derecho a la salud es uno de los derechos fundamentales de los niños/as vinculado al derecho a la vida, la alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación, la dignidad humana o la igualdad. Por lo que una alimentación sana en tiempo de coronavirus, es una alimentación digna para afrontar por los más pequeños (y los más mayores) la crisis sanitaria.
Ante esta situación, habrá que exigir, una vez más, que las administraciones competentes recuerden su obligación de cumplir con los Derechos Humanos a los que se han comprometido a través de Tratados Internacionales, y que reconozcan a los niños y niñas como titulares de esos derechos en aras de establecer las garantías necesarias para su ejercicio, sobre todo en estos momentos de crisis global.
María José Sobrino
Abogada
Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES)
Madrid. 24 de abril de 2020.
ii La respuesta de la Comunidad de Madrid ha sido contratar la elaboración de los menús infantiles de las familias con beca comedor a la grandes cadenas Telepizza y Rodilla, sin atender a los criterios de nutrición que la misma Comunidad de Madrid recomienda en su Guía de Consejo Nutricional para Padres y Familiares de Escolares.