El 6/12/1978, la Constitución Española (CE) fue aprobada en referéndum. 3 años después de la muerte de Franco (20/11/1975), el franquismo ocupaba la jefatura del Estado, la cúpula militar, judicial, policial y eclesiástica, el Congreso, el Senado y la mayoría de los medios de comunicación. Desde aquí, las burocracias franquistas civiles, militares y eclesiásticas controlaron la transición a la democracia.
El 22 de noviembre de 1975 Carlos Arias Navarro, presidente del gobierno, ratificó a Juan Carlos de Borbón como sucesor de Franco a título de Rey y Adolfo Suarez -falangista, exsecretario general del movimiento y nuevo presidente del gobierno- controló la legalización de las organizaciones de izquierda, renovó la alianza de Franco con el capitalismo internacional (Juan Carlos rindió cuentas ante el Congreso de EEUU el 2/6/1976), legalizó la Autoamnistía de los crímenes del régimen (30/7/1976 y 11/3/1977) y facilitó el “suicidio” de las Cortes Franquistas mediante la Ley de Reforma Política que diseñaba los nuevos aparatos de dominio creando las condiciones para la hegemonía franquista en la naciente democracia.
El terrorismo de extrema derecha contra el pujante movimiento obrero y los pronunciamientos militares que amenazaban al movimiento constituyente por la democracia y la autodeterminación de los pueblos con una reedición del Alzamiento Nacional de 1936, condicionaron, de una vez por todas, la libre voluntariedad del pueblo español como sujeto de la Soberanía Nacional.
El texto de la CE aprobado en referéndum expresa la correlación de fuerzas entre un movimiento popular constituyente y las maniobras de los intereses, aparatos y dispositivos del franquismo y explica las vacilaciones de una izquierda atemorizada por un poder constituido que carecía del menor propósito de enmienda.
Desde hace 40 años se producen, a diario, atentados contra los derechos y libertades populares consagrados en la Constitución. La Constitución Española es compatible con la dictadura de la economía de mercado. Se incumplen los valores y principios que informan las políticas económicas y sociales, la igualdad de la ley, la separación de poderes, la subordinación de la economía al bien común y, “la garantía de una convivencia democrática… conforme a un orden económico y social .. de justicia y libertad .. que asegure el imperio de la ley y la protección de todos los españoles y los pueblos de España .. en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas, tradiciones e instituciones” (Preámbulo de la CE).
La causa del ascenso de la extrema derecha en los países desarrollados es el sometimiento de la izquierda a las exigencias de un capitalismo global disfrazado de progreso, civilización y humanismo. Los votos de VOX no son a favor de Franco sino en contra de una izquierda que convive pacíficamente con la violación de los derechos y libertades del pueblo y de los límites a la especulación y el libre comercio.
La fuerza que explica los derechos humanos recogidos en la CE es la misma que puede revertir los abusos actuales. De no ser así, la irracionalidad del mercado nos asegura la injusticia armada para miles de millones de seres humanos y nuevos conflictos violentos a gran escala.
Necesitamos una Reforma Constitucional Constituyente para una transición económica, ecológica, feminista, democrática y social a gran escala.
Agustín Morán, dic 2018