El verano pasado se personaron en las Sabinas técnicos de Iberdrola a fin de realizar una supuesta inspección de suministros en las viviendas. Iban acompañados de Unidades Antidisturbios y agentes de la Guardia Civil. Lo que se presentó como una mera inspección concluyó con la imputación de un delito de defraudación de fluido eléctrico contra 64 familias víctimas de la pobreza energética y privadas de sus derechos fundamentales.
El pasado 27 de abril concluyó la celebración de un » macro juicio a la pobreza» en el que declararon las 64 familias además de doce agentes de la Guardia Civil y numerosos técnicos de Iberdrola que incurrieron en numerosas contradicciones reconociendo, incluso, – haber accedido a las viviendas- sin tener orden judicial. Alegaron que, al tratase de infraviviendas no está clara la vigencia del Derecho Fundamental a la Inviolabilidad del Domicilio garantizado por el artículo 18.2 de nuestra Constitución. En todo caso, aseguraron contar con el consentimiento de los moradores para acceder a sus viviendas. Hecho improbable porque nadie en su sano juicio permitiría sin orden judicial y de forma “voluntaria” -con antidisturbios mediante- que un grupo de agentes accedieran al interior de su domicilio si eso pudiera llevar aparejado la imputación de un delito.
Es evidente que no hubo consentimiento. Pero, de haberlo habido se trataría de un consentimiento viciado y nulo en el que, como mínimo, medió engaño o coacción para obtenerlo.
Así lo ha entendido el Juzgado de Instrucción nº 2 de Móstoles que ha absuelto a las 64 familias del supuesto delito de defraudación de fluido eléctrico, declarando nula toda la prueba conseguida mediante la vulneración del Derecho a la Inviolabilidad del Domicilio. Los habitantes de Las Sabinas, pese a vivir en infraviviendas- tienen los mismos Derechos Fundamentales que los que habitan en la exclusiva urbanización de la Moraleja.
8 de mayo de 2017.
Alejandra Jacinto, abogada del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES )
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